Gustavo Leal F.*
Además de
que por el nivel de la cuota obrero-patronal resultante de la iniciativa
panista, el cuadro vigente de prestaciones, pensiones y salud del IMSS e Issste
no podrán ser financiadas adecuadamente, así como de los gravosos efectos de la
legalización de la tercerización (outsourcing), hay aún que agregar
cinco impactos más.
1. En la
iniciativa, la Tabla de Enfermedades de Trabajo y la de Valuación de
Incapacidades Permanentes que hoy contemplan los artículos 513 y 514 de la LFT
dejan de estar incorporadas a ella para convertirlas en una clasificación
meramente administrativa, donde pierden el carácter de derechos laborales
básicos.
Apenas en
junio de 2008, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la
Secretaría de Salud (Ssa), el IMSS y el Issste acordaron modificar y actualizar
esa tabla para hacer una más completa y equitativa identificación de las
enfermedades laborales y más precisos los parámetros de evaluación de estos
padecimientos.
Para ello
se establecieron las siguientes reglas: incorporación de nuevos padecimientos
que han sido sustentados por su relación con el trabajo y la afectación de la
salud de los empleados; determinar de manera precisa quiénes están expuestos a
afectaciones por el tipo de actividad que tienen; adicionar elementos clínicos
y de laboratorio requeridos para la elaboración de diagnóstico y evaluación de
enfermedades laborales y diseño de una evaluación objetiva de la capacidad
residual de los trabajadores en función a su calidad de vida y aptitud para el
trabajo”.
El
ordenamiento propuesto por el PAN minimiza y soslaya el costo social que ya
impone la dinámica de nuestro perfil de morbimortalidad.
2. La
iniciativa contempla también la obligación de registrar a los trabajadores
rurales eventuales y de temporada. Ello contrasta con la realidad del trabajo
forzoso. Pues como puntualiza Roger Plant, el problema es un círculo vicioso,
que inicia por la ausencia de una legislación efectiva para sancionar la
práctica, seguido por la inexistencia de recursos para enjuiciar a los
culpables. No basta con que los Estados se limiten a sancionarlo como delito.
Deben también subsanar los aspectos estructurales que lo favorecen, las
deficiencias de las políticas públicas de desarrollo social y las fallas del
mercado que lo aumentan.
El Centro
de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero lo plantea con
precisión: En el fondo están un sistema económico que se basa en esquemas como
el de la agroindustria y un Estado que no vigila y regula. Los empresarios
hacen lo que quieren y el gobierno no se preocupa por los pobres. Hay
descontrol en lo que concierne a salarios y condiciones de trabajo. Lo que
publican los medios no trasciende. Ponen atención cuando hay alguna tragedia y
luego queda otra vez en el olvido.
Apenas en
enero de 2011, el IMSS amplió la vigencia del decreto presidencial que otorga
beneficios fiscales a los trabajadores eventuales del campo y a los productores
hasta el 31 de diciembre de 2012.
La
iniciativa pretende registrar: ¿para justificar el despido libre y sin costo
contra los jornaleros agrícolas?
3. El
ordenamiento propuesto por el PAN tampoco puede ser aprobado porque estos
impactos acontecen en el cuadro de una sobrecarga de trabajo y abatimiento
salarial sin par en el horizonte latinoamericano.
El
mercado laboral mexicano es uno de los más flexibles, con una tasa de rotación
de 70 por ciento anual. Y aunque la jornada de 40 horas ya rige en 50 países
del orbe, por la iniciativa panista los trabajadores mexicanos seguirán
enfrentando una de las más largas. Compárese: Chile, 45 horas, Brasil, 44.
Jornada que se acompaña de períodos vacacionales más cortos y el salario mínimo
más bajo: 134 dólares. Compárese nuevamente esto último: Uruguay 300, Brasil
318, Chile 372, Argentina 475.
La
iniciativa potencia los efectos regresivos de esta realidad. No busca
mejorarla. Eso la hace ética, técnica y políticamente del todo inviable. Sólo
agrava el estado del asunto público.
4. Al
tercer trimestre de 2010, la contratación a tiempo parcial en Europa ya
alcanzaba 25% en Suecia, 26% en Alemania, 27% en Reino Unido y 49% (¡sí, 49%!)
en Holanda. Ello pulveriza las contribuciones a la seguridad social (pensiones
y salud) si se carece de los sistemas universales con que cuentan esos países.
Pero no es el caso de México.
5. La
iniciativa tampoco mejora el horizonte de la estabilidad laboral establecido en
la ley vigente. Al contrario: impone una precarización creciente del ciclo de
la vida laboral. No moderniza: precariza. Es un salto hacia atrás. Incrementa
las intensidades de la jornada de trabajo con menos derechos, mínima protección
social, pensiones a la baja y servicios de salud cada vez más compactados.
No
construye una combinación equilibrada y moderna entre protección social y nuevo
entorno laboral, que es lo que se requiere. Dinamita el arreglo del siglo XX.
Pero no está en el XXI. Hunde el soporte financiero y la misión cohesiva de la
salud y seguridad social de los mexicanos.
En suma:
la nueva combinación de la propuesta panista está antes de la norma vigente ¡de
1970! Es preciso tomar todo el tiempo que sea necesario, todo, para seguir
armando un modelo equilibrado de protección social en la era de la
globalización y a la altura de lo que somos en el siglo XXI. Esa iniciativa no
puede ser aprobada sin un ajuste de raíz.
*Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco
JORNADA 29-septiembre -2012
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