Amnistía Internacional (AI) se sumó hoy
al llamado realizado por diversas organizaciones de la sociedad civil mexicana
y de organizaciones internacionales para que las autoridades de Guerrero pongan
fin a la impunidad que ha prevalecido en el caso del asesinato de dos
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2011.
El 12 de diciembre de 2011 agentes
estatales asesinaron a los estudiantes de Jorge Alexis Herrera
Pino y Gabriel Echeverría de Jesús durante una
manifestación en Chilpancingo, Guerrero.
El pasado 23 de abril de 2013 por la
tarde, fueron liberados dos elementos de la Policía Ministerial de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, esta liberación ocurre como resultado de una
revisión del proceso ordenada por un tribunal federal argumentando que las
pruebas para su detención eran insuficientes.
Como consecuencia de estas
liberaciones, ningún agente del estado se encuentra ni proceso ni sentenciado
por estos asesinatos.
Amnistía Internacional llama a las
autoridades de Guerrero a tomar todas las acciones necesarias para evitar que
estos asesinatos permanezcan en la impunidad y para asegurar que quienes
resulten responsables rindan cuentas ante la justicia.
Además, la organización insta a hacer
públicos los resultados de las investigaciones con relación a este caso para
garantizar el acceso a la verdad para las víctimas y para la sociedad.
Información adicional:
El 12 de diciembre de 2011 fuerzas
policiales Federales y del Estado de Guerrero acudieron a la Autopista del Sol
para contener una manifestación de estudiantes que exigía mayores recursos para
su escuela.
Durante este operativo las fuerzas de
seguridad realizaron disparos en dirección al grupo de manifestantes,
resultando esto en la muerte de dos estudiantes. En ese mismo operativo falleció
también un trabajar de una gasolinera mientras trataba de contener un incendio.
Tras el operativo, Gerardo Torres, un
estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue detenido y, tras vendarle los ojos, en un
lugar aislado, seis agentes estatales lo amenazaron de muerte, le propinaron
puñetazos en el estómago, las costillas y brazos para obligarlo a apretar el
gatillo de un arma automática y poner sus huellas dactilares en los casquillos
de las balas usadas para culparlo falsamente de los disparos efectuados
previamente.
Los diversos cuerpos de seguridad
involucrados han negado tener responsabilidad. Sin embargo, La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la Recomendación Especial 1
VG/2012, concluyó con base en su propio trabajo pericial que los proyectiles de
arma de fuego que habían privado de su vida a los estudiantes habían sido
disparados por elementos de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero.
/FIN
- -- Arturo Ávila Salazar
Comunicación y Proyectos Tecnológicos
Amnistía Internacional México
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