Yunes no ha confirmado si dentro de la información que revelará en diciembre,se encuentra algo relacionado con esas cantidades multimillonarias en efectivo del erario veracruzano que pudieron haber financiado ilegalmente –entre otras cosas– campañas electorales del PRI
Cumbrar a México, por Carmen Aristegui
Veracruz entró en una fase de aceleración de un proceso político-judicial cuyo desenlace es de pronóstico reservado. El gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció que pediría licencia al Congreso del Estado para separarse del cargo, a fin de hacer frente a las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito. A sólo 48 días de la terminación legal de su periodo, Duarte cumplió y se retiró del cargo a las pocas horas.
El PRI, de inmediato, se deslindó –aún más– del veracruzano, a través de su presidente Enrique Ochoa Reza. A fines de septiembre el PRI ya había mandado una clara señal a Duarte de Ochoa, al anunciar la suspensión de sus derechos como militante y contra seis de sus más cercanos colaboradores.
La PGR informó de la obtención de siete vinculaciones a proceso y la cumplimentación de una orden de aprehensión relacionadas con el tema de las empresas fantasma. Anunció, también, que han empezado 32 indagatorias relacionadas con empresas proveedoras del gobierno de Duarte vinculadas con actividades presuntamente delictivas; además de otras 15 empresas que habrían incurrido en otra serie de delitos relacionados con ventas al Gobierno de Veracruz.
La gestión de Duarte se caracterizó por graves violaciones a derechos humanos; índices de violencia desbordados; persecución y asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas, además de graves señalamientos por corrupción, desvíos y abusos de poder.
La gestión de Duarte ha quedado bajo la lupa. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que más del 90% de las irregularidades detectadas, en un monto de 35 mil millones de pesos, han quedado sin ser solventadas. El gran asunto con Duarte no es tanto si hay materia para abrir procesos penales –con lo expuesto por la ASF y diversas investigaciones periodísticas, hay materia de sobra para la actuación ministerial y judicial–, sino si estamos ante un caso paradigmático que podría convertirse –junto con otros casos de exgobernadores (Borge, el otro Duarte y Padrés)– en válvula de escape, ante la ola de indignación nacional.
Además de los anuncios de la PGR y de los señalamientos de la ASF y las revelaciones periodísticas, lo dicho por el gobernador electo, el mismo día de la licencia a Duarte, ha desbordado las expectativas.
Miguel Ángel Yunes dijo que tiene en su poder información tan grave sobre la corrupción de Duarte que, cuando la dé a conocer el 1 de diciembre, se “cimbrará México”. Mostró a los medios una memoria de la cual, dijo, existen tres copias más resguardadas en bóvedas, que contiene elementos que permitirán desentrañar “toda esta red enorme de corrupción”. Yunes Linares afirmó: “He logrado penetrarla hasta lo más profundo. Llegué… hasta la médula de la corrupción”.
No dijo mucho más que eso, pero queda para los memoriosos aquella escena en la que Felipe Calderón, en el cierre de campaña del propio Yunes, arengando a las masas soltó: “todavía siendo Presidente, la Policía Federal descubrió en un avión del Gobierno del estado de Veracruz 25 millones de pesos… y cuando fuimos a detener ese dinero y a investigar el peculado y a castigarlo, fuimos detenidos por la maquinaria judicial que nos prohibió seguir adelante y hasta nos obligó a devolver ese dinero”.
Calderón dejó entrever que ese dinero estaba destinado a las campañas político-electorales. Al cerrar la frase dijo: “por eso el PRI tiene que irse de Veracruz”. El expresidente abundó: “¿Saben cuánto dinero retiró el Gobierno de Veracruz en un año de esa cuenta en efectivo? –refiriéndose a una cuenta en Xalapa del Gobierno de Veracruz–: 3 mil 400 millones de pesos en efectivo. ¡Eso no puede ser!”, exclamó el exmandatario.
Yunes no ha confirmado si dentro de la información que revelará en diciembre,se encuentra algo relacionado con esas cantidades multimillonarias en efectivo del erario veracruzano que pudieron haber financiado ilegalmente –entre otras cosas– campañas electorales del PRI, incluyendo la presidencial. Si eso es a lo que se refiere Yunes en el anuncio de este miércoles, entonces sí, podemos imaginar que México será cimbrado.
Columna publicada en Reforma
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