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jueves, 21 de enero de 2010

Reelección de representantes

Reelección de representantes ¿Populares?
Francisco Velasco Zapata
Al hacer el análisis de la iniciativa de reforma política presidencial en el apartado relativo a la elección y reelección consecutiva hasta por 12 años de jefes delegacionales del Distrito Federal, alcaldes y legisladores federales es conveniente señalar, recordar, que no se estaría más que legalizando, regularizando, un fenómeno que en los hechos la “Constitución” y las leyes electorales del país han disfrazado para que no parezca que los legisladores se reeligen. Actualmente, la miembros de la plutocracia que administra los derechos y prerrogativas de los partidos políticos registrados ante los diversos órganos electorales del país -nacionales y estatales- pasan de un cargo a otro: senador a diputado, diputado a presidente municipal o hasta de gobernador a senador o diputado; hay quienes pasan de diputados a síndicos o regidores, el caso es no soltar la nómina gubernamental. Se trata, lamentablemente, mucho más de ambiciones personales, de lucha por el poder, que de crecer y desarrollarse en una carrera legislativa, parlamentaria o de buen gobierno.
En las circunstancias descritas lo más relevante es que en cada cargo de “representación popular” cobran -muy caro- y se muestran igualmente insensibles, incapaces e ineficientes para resolver los problemas de la sociedad a la que dicen representar. No obstante, siempre están en posibilidad de moverse hacia arriba o hacia los lados, para lo cual importa muy poco su desempeño ya que el voto, en las condiciones legales actuales, se otorga a los partidos.
El periodo propuesto de 12 años es debatible, toda vez que no resulta suficientemente razonable por qué se puso un límite de 12 años y no de cincuenta -como en la picaresca película mexicana la Ley de Herodes- para la permanencia en un cargo. En este caso se trata de una mera ocurrencia, una “zanahoria del burro” que busca la aprobación de los actuales legisladores, que serían los primeros presuntos beneficiarios de la reforma.
No obstante, el hecho que a mi juicio resulta interesante de analizar, a profundidad, es aquel que permite a las empresas cabilderas -que hacen “lobbyng” (sic)- hacer labor de convencimiento para que los legisladores orienten la aprobación de leyes, reglamentos, normas o circulares “a modo”, en beneficio de las empresas que los contratan.
En estos casos no es igual tener que sobornar a diputados o senadores diferentes cada que se integra una nueva legislatura que tener acuerdos bien amarrados con legisladores que permanecen por mayor tiempo en su cargo de representación o como presidentes de comisiones legislativas. Es más fácil hacer acuerdos, amistad y hasta compadrazgo -y futurismo político- con quiénes ya conocen que con quien no saben como reaccionará; sin embargo, en un periodo mayor los cabilderos pueden obtener mejores resultados y llegar a mejores entendimientos y acuerdos de beneficio mutuo, aunque ello suponga pérdidas al patrimonio nacional y enormes ganancias para las empresas multinacionales o del país que explotan y se benefician de las riqueza del mercado de las comunicaciones y transportes, de los energéticos nacionales o de la explotación, uso y aprovechamientos de litorales, espectro radioeléctrico o del mercado nacional que explota la industria químico farmacéutica mundial. Con este nuevo análisis podemos seguir afirmando que desde la elaboración de las leyes se puede “influir” en los resultados de licitaciones públicas acotadas y que determinan desde su origen quien puede o no otorgar un servicio que le genere beneficios económicos inconfesables que generan ciertas actividades económicas prioritarias y estratégicas del país. ¿Y usted, cómo la ve? Politólogo.

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