La descomposición administrativa no sólo ha sido inherente al régimen perredista, tiene por lo menos otro fiel intérprete el PRI, institución política que ha hecho del poder y la corrupción social un imperio del soborno y un sistema de valores, que legalizó el saqueo criminal de las finanzas públicas en Nezahualcóyotl. Al inicio de la administración priísta de Edgar Cesáreo Navarro, la corrupción se ha legalizado como un cáncer social y se desenvuelve en un escenario de reglas no escritas que tiene como contexto su legalidad formal, con una cultura de la transa, la extorsión y la depredación de recursos públicos con sueldos millonarios, contratos ilegales y componendas clandestinas. Nezahualcóyotl es gobierno con tintes de criminalidad, avalado por el poder que le otorga el Estado y el PRI, donde se condiciona el precio a pagar de la corrupción y la impunidad, para cometer todo tipo de arbitrariedades como lo es en el desvío del erario, sus autores no pueden ser investigados y perseguidos a pesar del delito que cometen de peculado, éste se paga con cárcel. La negligencia e incapacidad provocada por la voracidad del edil, Edgar Cesáreo Navarro, - quien es un verdadero troglodita del PRD, sólo porta la máscara del PRI – garantiza la permanencia de mafias dentro del poder público y, sobre un montón de ilegalidades, que fomentan el tráfico de influencias hasta quebrantar las finanzas públicas. Ante la anarquía que a través el gobierno de Nezahualcóyotl, provocada por la ambición del alcalde, regidores, directores y empleados con ideología perredista, con múltiples maniobras turbias se han servido, con trampas, favoritismo, discrecionalidad, en desordenes, con muchas complicidades y a manos llenas del erario, representa una pesada carga a las fianzas públicas. En los altos niveles de corrupción administrativa se destaca el deterioro en el nivel de vida de sus habitantes, la inseguridad y los malos manejos del erario, cuyo fenómeno del fraude contra el gobierno de Nezahualcóyotl, iniciativa levada a cabo por los de ideología perredista con estafeta del PRI, muestran características que hacen pensar en el crimen organizado. Delincuentes de cuello blanco La lista encabezada por la “consuegra” de Edgar Cesáreo Navarro, Patricia Mendoza Hernández, principal operadora financiera de los caciques del PRD – clan Bautista -, controla el departamento de adquisiciones a través de su contadora, Maricela Barrera Huguera, y con el abuso de poder se adjudica licitaciones millonarias ilegales, sin importarle generar una desleal competencia con otras empresas, en sus operaciones financieras arbitrarias obtiene al mes un botín superior a los ocho millones de pesos. Las empresas que representa Patricia Mendoza son; Triple EEE, Construrama y Publicidad Litográfica Arcos, ésta imprenta es la que realiza el trabajo sucio en contra del gobernador Enrique Peña Nieto, el gobierno local del que se sirve y al PRI – en el CDM tiene incrustada a su hija, Carolina Chabel Montesinos Hernández a la que quiere hacer diputada -, distribuye productos que van desde tornillos; uniformes escolares, lunas, sillas, cartón, sillas de ruedas, bolsas, pintura, juguetes y ropa de vestir, cemento, varilla, alambre, entre otros productos de pésima calidad y al doble precio del mercado. Tales empresas de la “ilegalidad” se dedican a evadir millones de pesos al fisco, sin importarle atentar en contra el patrimonio del ayuntamiento. Los excesos del poder corrupto de Patricia Mendoza, van más allá de ser una vendedora de productos inservibles, es la que toma las decisiones administrativas, políticas y financieras del municipio a través de su “consuegro” Cesáreo Navarro, quien será el que responda al desvío millonario del erario. A pesar de cometer delitos de cuello blanco, específicamente en el tráfico de influencia por hacer favorecido contratos superiores a los 200 millones de pesos sin previa licitación y cometer abusos de autoridad, Mendoza Hernández también controla, manda y ejecuta las operaciones financieras en el DIF municipal, actualmente busca facturas apócrifas para justificar millonario desfalco, al igual que en la Dirección de Obras Públicas – en tal departamento existe otro presunto desvío por más de 160 millones de pesos – y administración, con el aval del edil Cesáreo Navarro. En el teje y maneje, la manipulación, la tergiversación y el ocultamiento de las componendas del alcalde Edgar Cesáreo con el cuarto regidor Ernesto Aguilar y su mancebo, Luciano Percastre Martínez, jefe de prensa del ayuntamiento, sin concurso de licitación se adjudican ilegales contratos millonarios con la promoción de espectaculares mal hechos, lonas y venta de papelería de pésima calidad. El comportamiento gangsteril en la sala de cabildo Ernesto Aguilar – acusado de ser un violador peligroso de muchas mujeres jóvenes -, es igual a la de los perredistas de reaccionario, y tal parece que es oposición al gobierno, como arma de presión acorrala al alcalde, Edgar Cesáreo Navarro, para que le otorgue arbitrarios contratos publicitarios y cerca de 50 nóminas, la mayoría no trabaja sólo se presenta a firmar el recibo de nómina cada quince días, entre ellos unos seudo periodistas que hacen el trabajo sucio y como arma de linchamiento para presionar a regidores y directores de área. El claro ejemplo del chantaje de Aguilar Hernández es la elaboración de más de 25 espectaculares con un costo cada uno de 25 mil pesos y como la impresión del Bando Municipal de Buen Gobierno, éste con un precio superior a los 300 mil pesos, en ambos casos la facturación al ayuntamiento es cercano al millón de pesos, el costo real para el gobierno se triplicó. Trascendió que el alcalde “no autorizó dicha impresión, menos la licitación, por lo consiguiente es un acto de abuso de autoridad y con responsabilidad administrativa, con daño al patrimonio municipal, y no se descarta que se procede penalmente en contra de Ernesto Aguilar y Luciano Percastre. Respecto, al tianguis de autos que se instala los días sábados y domingos de cada semana, sobre la avenida Bordo de Xochiaca, no está exenta la galopante corrupción del traidor y secretario del ayuntamiento, Gerardo Dorantes Mora – se dice líder de un grupo de homosexuales denominados Las Mojarras y Vacas Local del PRI y del PRD; el director de Egresos, José Antonio González Olguín; el Coordinador de Tianguis y cobrador, Eduardo Roa, entre otros empleados ligados al sol azteca, son quienes se reparten miles de pesos que no ingresa a la tesorería, por el cobro de piso. El perredista Eduardo Roa, responsable directo de los cobros a los más de 4 mil dueños de auto que acuden cada fin de semana para poderlos ofrecer en venta al público, cobra por concepto de piso 25 pesos a cada automóvil y sólo expide 500 recibos de la tesorería, los demás cobros son distribuidos entre Dorantes Mora, González Olguín y el tesorero, Raúl González Valdez, son varios millones de pesos que se han embolsado desde que fueron impuestos por incondicionales del gobernador Enrique Peña Nieto, en puestos estratégicos de la administración de Edgar Navarro. Ahora, para tratar de tender una cortina de humo y evitar que los medios de comunicación den a conocer la inaudita corrupción del gobierno en turno, iniciaron los ataques del gobierno local en contra de diversos medios de comunicación, estrategia que dirige con dinero público Luciano Percastre. Los ataques de los priístas corruptos, se debe por su coraje, malestar y odio contra los editores regionales y reporteros que se atreven a señalar sus contradicciones administrativas, sus errores y la aberrante política hamponil que implementan para saquear las arcas municipales. Al atacar a los medios de comunicación en aras de la protección de sus propios intereses mafiosos, los priístas con careta del PRD, deberían de tener cuidado de contribuir a derrumbar lo que constituye el más sólido muro de contención a la arbitrariedad, el abuso de poder y la impunidad. Así como lamentar que otros de hayan beneficiado de la caída del PRD, el día de mañana podría lamentar el derrumbe de un mecanismo de defensa de la sociedad, cuando ellos sean sujetos de denuncias penales de los abusos de un gobierno que no estará en sus manos. No obstante, el Código Penal en su Capítulo 16, artículo 146 Fracción 4 – 5, dice que: el “Desvío de Recurso de la Hacienda Pública”, señala que se “incurren en responsabilidad penal los que hagan uso personal de los fondos de la hacienda estatal o municipal. Ya sea en dinero o en especie, sin sujetarse al trámite legal correspondiente”. Por lo que, los señalados arriba tiene absoluta responsabilidad penal, sin contar con el daño que causan al patrimonio municipal, su delito se paga con la cárcel. Licenciado Luciano Percastre Martínez, “El que calla otorga”
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