Tesorero de Valle de Chalco

TESORERO DE VALLE DE CHALCO DE TORPE CONDUCTA, MITOMANO Y PERVERSO. TEXTO Y VIDEO DE A. SAAVEDRA. Javier Pérez Rivera, actual Tesorero Burricipal del Municipio de Valle de Chalco, cínico bloquea rampa y espacios Para discapacitados, negando pagar diez pesos al estacionamiento, dejando en absoluto bloqueo la entrada Para las personas más vulnerables, hacia el Palacio de Gobierno, denuncia con valentía y arrojo el minusválido JULIO HERNANDEZ a este faccioso funcionario, solapado por el Edil Ramón Montalvo, quien también autorizó el cobro de cuatro pesos a los baños instalados en el mismo Edificio de Gobierno, este par de rufianes, enemigos de la comunidad Chalquense, están acordes en sangrar la estabilidad de la vida cotidiana de esta comunidad, así lo expresa continuamente JULIO HERNANDEZ, con “palabras subjetivas” quien sufre las consecuencias erráticas de esta mancuerna satánica sin solvencia física, para atender los asuntos de personas en severos problemas de discapacitación Además acotó que el corrupto Alcalde y su gavilla de retrogradas crearon un ilícito negocio para su pestilente EGO, que las familias de contribuyentes que acuden a Palacio Municipal, con el fin de cumplir con sus impuestos, se encontraron con la novedad, que los Sanitarios Públicos, están el actualidad privatizados teniendo un costo de cuatro pesos, a pesar se entiende que son gratuitos para todas las personas que tienen la necesidad imperante y se avizora un quebranto de ley, por esta denigrante Administración que afrenta y vulnera las necesidad de los afectados, solo es servicio exclusivo de este aberrante y torpe Gobierno, Continuara…

jueves, 10 de noviembre de 2011

Investigará CIDH caso Atenco

Investigará CIDH caso Atenco
Presentaron querella once mujeres por violación durante operativo de 2006.
Martha Loera
Texcoco, Méx., a 10 de noviembre de 2011.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) determinó que investigará los casos de las once mujeres mexicanas que presentaron denuncia ante ese organismo, por haber sido víctimas de tortura sexual, durante el operativo llevado a cabo por las fuerzas policiacas federal, estatal y municipal en mayo de 2006, en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que lleva el caso legal de las denunciantes, dio a conocer que estas once mujeres presentaron su querella ante la CIDH, debido a que ni la Fiscalía Especial de Delitos Violentos Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), ni la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), han realizado una adecuada investigación, y que hasta la fecha ningún policía, de los más de 2,500 agentes que intervinieron durante el operativo, ha sido sancionado.
Las mujeres dijeron que los agentes las detuvieron por participar en los disturbios y que en los vehículos donde fueron trasladadas a un penal sufrieron violencia sexual, física y verbal por parte de los uniformados.
“De ser necesario, volvería a ordenar un operativo similar”: Enrique Peña Nieto.
Italia Méndez, una de las víctimas, escribió una carta en el quinto aniversario del operativo en Atenco, en la que refiere: "La tortura sexual ejercida contra nosotras las mujeres, fue un hecho difícil de afrontar y denunciar, dimensionar tal violencia contra nuestros cuerpos nos resultaba desbordante, sin embargo, el mantenernos juntas y enfrentar al Estado de forma colectiva nos permitió afrontar y desmontar el discurso del poder en el cual nosotras debíamos sentir vergüenza y no podíamos hacer nada con lo ocurrido”.
El organismo internacional emitió un informe e iniciará la investigación de la petición 512-08 presentada por Mariana Selvas Gómez y otros, en contra de México, misma que fue interpuesta en abril de 2008 bajo el cargo de dilación de justicia por la nula investigación del caso.

La CIDH investigará ahora si el Estado mexicano cometió violaciones a los derechos humanos y posteriormente dará a conocer sus conclusiones en cuanto la parte acusadora, y el gobierno mexicano será notificado sobre las mismas.

En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que los policías que fueron parte del operativo cometieron graves violaciones a las garantías individuales, sin embargo, hasta ahora, sólo uno ha sido consignado por actos libidinosos, pero no fue encarcelado.

En julio de 2010, la SCJN ordenó la liberación de 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), presos en el Penal de Alta Seguridad del Altiplano, que habían sido sentenciados a purgar penas que iban de los 31 a los 112 años de prisión, por el delito de Secuestro Equiparado, tras haber participado en la protesta.

La SCJN también deslindó de responsabilidad al ex presidente Vicente Fox y al entonces Gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.

El ejecutivo estatal dijo en 2008 que volvería a ordenar un operativo similar en caso de que fuera necesario restablecer el orden y la paz social. Sin embargo, un año después, reconoció que en el caso existe un “alto grado de impunidad” en cuanto a violaciones y abusos cometidos por los 2,500 policías que participaron, pero que era “prácticamente imposible saber quiénes las cometieron”.

redaccion@mirada-regional.com

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