Una denuncia penal interpuesta por maestros disidentes contra el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, amenaza las aspiraciones presidenciales del político priista. En su demanda, que forma parte de una averiguación previa abierta por la Procuraduría General de la República, los profesores no sólo acusan al mandatario de obstaculizar la formación de un sindicato opuesto al oficial, sino de diversos delitos federales: falsedad en declaraciones judiciales, ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos…
Álvaro Delgado / Proceso
En su afán por impedir la creación de un sindicato de maestros distinto al oficial, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, cometió diversos delitos federales, según sostiene una denuncia que forma parte de la averiguación previa 147/UEIDAPLE/7/2008, radicada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, a cargo de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez.
Peña Nieto, quien ha invertido sumas multimillonarias para fabricarse una imagen de gobernante escrupuloso, está acusado de incurrir en falsedad en declaraciones judiciales, ejercicio indebido del servicio público y coalición de servidores públicos, entre otros delitos federales, por lo que se exige acción penal en su contra, previo juicio de desafuero.
De acuerdo con la citada averiguación previa, el “indiciado” Peña Nieto y otros 29 funcionarios de su gobierno violaron la ley en su objetivo de evitar la creación del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM).
Opuesta al oficialista Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), que por décadas ha sido sostén económico y electoral del PRI en la entidad, aquella organización pondría en peligro el control que ésta ejerce actualmente sobre el gremio.
Peña Nieto, aspirante a candidato presidencial y quien este viernes 5 rindió su tercer informe de gobierno, ha advertido que bajo ninguna circunstancia permitiría la división del magisterio oficial, y así se lo hizo saber, desde el año pasado, a los promotores del SUMAEM, quienes presentaron la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.
“El primer opositor a nuestro movimiento sindical abiertamente lo ha sido, desde el principio, Enrique Peña Nieto, quien de manera pública, abierta y violando nuestras garantías manifestó que personalmente no permitiría el divisionismo del sindicalismo oficial”, dice el escrito de denuncia, presentado el 20 de junio ante la PGR, y añade:
“Y dado que no aceptamos ni aceptaremos nunca alinearnos, que no permitimos que un gobernador decida por nosotros en materia sindical, implementó un operativo conjunto con funcionarios de su gobierno y del sindicato oficial para que, de un solo golpe y sin garantía de audiencia, corrieran de su fuente laboral a todos los integrantes del nuevo sindicato.”
Luis Zamora Calzada, secretario general del SUMAEM y autor de la denuncia, afirma que desde que un grupo de maestros decidió renunciar al sindicato oficial y ejercer su derecho constitucional a asociarse, a finales del 2006, el gobierno de Peña Nieto inició una tenaz persecución contra ellos al reubicarlos en otros centros de trabajo, suspenderles pagos, despedirlos y aun amenazarlos de muerte y con encarcelarlos.
De hecho, desde abril del año pasado, después de que las autoridades laborales de la entidad le negaron la toma de nota al nuevo sindicato, lo que dio origen a un complejo litigio que se desahoga en diversas instancias, incluyendo las de derechos humanos, las “amenazas cumplidas” han sido permanentes.
En la misma fecha, los 59 maestros afiliados al sindicato fueron ilegal y arbitrariamente cambiados de adscripción, con el afán de hacerlos desistir: Quienes tenían su escuela en Ecatepec o Cuautitlán, por ejemplo, fueron enviados a Tlatlaya o Tejupilco, y los de Toluca o Atlacomulco hasta Chalco, el otro extremo del estado.
“La única forma de regresar es que se que se desistan de esta pendejada”, les advirtió a los sindicalistas José Manzur, subsecretario de Gobierno, y les anticipó: “Aquí no va a haber ningún sindicato. Mientras esté Peña Nieto, jamás les van a dar la toma de nota.”
La represión como norma
Esa ha sido la conducta sistemática del gobierno estatal, afirma Zamora Calzada, quien explica que en esa ocasión decidieron ceder, aunque sólo para relanzar su movimiento, al que el gobierno le teme porque perdería el control de un gremio que en la entidad se compone de más de 60 mil profesores.
“El sindicato oficial fue creado por exgobernadores para su servicio y el nuestro será para los trabajadores. Este es un cambio ideológico muy fuerte: Se lograría la libertad e independencia no sólo del sindicalismo partidista del magisterio del Estado de México, que implicará pérdida de votos para el PRI, sino la independencia académica.”
El gobierno de Peña Nieto teme perder, además, los recursos del magisterio: “Aunque maneja 35 millones de pesos anuales por cuotas sindicales, ahí no está el asunto económico, sino en los fondos de obras, pensiones y de retiro. Son cantidades fuertes de dinero que no son auditadas. Y es la caja chica de muchas cosas, como los procesos electorales al servicio del PRI.”
Por eso, dice, el gobierno está dispuesto a reprimir cualquier intento legítimo de crear un sindicalismo que no le sea incondicional. En octubre del año pasado se recrudeció el embate: Aunque Manzur fue destituido, su sucesor, Luis Miranda Nava, no fue menos implacable, sobre todo porque es compadre de Peña Nieto.
“Quiso cooptarme, ofreciéndome un arreglo nada más entre él y yo, pero se enfureció cuando le dije que era sólo el representante del sindicato y que lo único que queríamos es que se actuara conforme a derecho.”
La respuesta llegó unos días después: El entre el 8 y 18 de octubre se multiplicaron acciones de hostigamiento contra 29 maestros y sus contratos fueron rescindidos, supuestamente porque se habían ausentado de manera injustificada de su trabajo cinco días en un mes y porque le faltaron al respeto a sus superiores. Desde entonces ese grupo de profesores no cobra.
Y el más reciente acto en ese sentido se produjo una semana después de que –sin anunciarla públicamente– se presentó la denuncia ante la PGR contra Peña Nieto.
“Me llamó el subsecretario de Educación Básica y Normal, Ernesto Monroy, para reclamarme que hubiera demandado al gobernador. Me exigió que me desistiera de la demanda y de la toma de nota del sindicato, porque de lo contrario la secretaria de Educación, Guadalupe Monter, y él me iban a echar del magisterio para siempre.”
Y ante la negativa, la amenaza se cumplió: El 1 de julio le fue notificado al dirigente sindical, por escrito, el “aviso de rescisión de la relación laboral”, mediante el cual “deja de surtir efecto el nombramiento de investigador educativo, adscrito al Instituto Superior de Ciencias de la Educación”.
Zamora Calzada escribió en la notificación: “Se firma bajo protesta y no se acepta por ser una represión sindical y atentado contra el artículo 123 constitucional”, que consagra que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”.
Para el dirigente, es ridículo que haya sido cesado como investigador por supuestamente atribuir públicamente hechos falsos a autoridades educativas. “¡Es realmente risible y la estaré combatiendo en demanda laboral!”.
Las acusaciones contra Peña Nieto
En realidad, explica el dirigente, lo que ha hecho montar en cólera a Peña Nieto y a los secretarios de su gabinete fue la demanda penal ante la PGR, en la que se acredita la violación a la ley de amparo y al Código Penal, algo que puede echarle a perder su pretensión de ser candidato presidencial en el 2012.
Según Zamora Calzada, las pruebas incriminan a Peña Nieto: El gobernador rindió un informe justificado ante el Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo, en el que niega que se hayan rescindido los contratos y suspendido los salarios a los promotores del sindicato, cuyas plazas, afirma, no se han reasignado a terceras personas.
Sin embargo, de acuerdo con lo que consta en el expediente del amparo indirecto 1066/2007-II, esas acciones sí se llevaron a cabo, por lo que Peña Nieto y los secretarios de Gobierno, Humberto Benítez Treviño; de Educación, Guadalupe Monter; de Finanzas, Luis Videgaray; de la Contraloría; Marco Antonio Abaid, así como funcionarios de menor jerarquía, violaron lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Amparo.
Esta disposición establece que “las autoridades responsables que en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión rindan informes en los que afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionados en los términos del Código Penal en materia federal”.
Y el artículo 147 del Código Penal dispone que se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días multa al que, como indica la fracción V, “en juicio de amparo rinda informes como autoridad responsable, en los que afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte”.
Pero además, dice la denuncia, “aunado a los delitos anteriores, solicitamos (que los indiciados) rindan declaración también por el delito de falsificación, utilización y uso de documentos y sellos oficiales”.
Y añade: “Derivado también de lo anterior se desprende la coalición de servidores públicos del gobierno del Estado de México, al tomar medidas en nuestra contra con la finalidad de hacernos desistir de nuestro movimiento sindical, tales como inventarnos supuestas faltas laborales inexistentes (sic) reprocharnos abandono de nuestra fuente laboral, agresiones a nuestros superiores, así como supuestas conductas en contra de nuestros superiores, lo cual es falso”.
En el escrito se describen, además, numerosas acciones de represión y arbitrariedad contra quienes han decidido formar parte del SUMAEM, como la intimidación física, moral y sicológica, el espionaje, el acoso y aun cárcel, como le ocurrió a Manuel García García, a quien indebidamente le atribuyeron un delito cometido por un homónimo.
De hecho, la denuncia no se presentó en la delegación de la PGR en el Estado de México, “por el temor de que se dejara de investigar o incluso de la no aplicación pronta y expedita de la ley”, sino en la Ciudad de México.
Poco después de que la denuncia se presentó, Zamora se decía confiado en las autoridades: “Me dijeron que no importaba que fuera Peña Nieto, que iban a cumplir con lo que la ley establece.”
Sin embargo, el martes 2 de septiembre se le informó al gobernador de una anomalía en la PGR: Se “extraviaron” documentos del expediente que prueban las violaciones a la ley cometidas presuntamente por el propio Peña Nieto y algunos de sus funcionarios, tal como consta en un sello de recibido con fecha 3 de julio.
“Algo raro está pasando”, dice Zamora. “Esperemos que no sea una maniobra de encubrimiento”.
De lo que no tiene duda es de que “habrá más represión: Si ya demostraron que no respetan la ley y no les importa el estado de derecho, ojalá no lleguen a los secuestros ni a un muerto”.
Contra él, dice, hay al menos diez denuncias penales, entre ellas una por acoso sexual en Chalco y por falsificación de firmas. “Me da risa, porque no es cierto, pero son expedientes en reserva que en cualquier momento los pueden activar.”
Añade: “Peña Nieto está muy molesto, pero él viola le ley. Al permitir que sus funcionarios violen la ley, él la está violando.”
Ni Pastor ni Chuayffet
Aprovisionado con gruesos expedientes de miles de fojas, el dirigente sindical confía en que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje reconocerá al SUMAEM, porque le asiste la razón y porque los maestros del Estado de México están cansados del sindicalismo oficial.
“Han sembrado pánico y terror en la gente. Pero hay muchos maestros que quieren cambiar la situación educativa y con todos los temores se han afiliado. La gente está cansada. No le ve utilidad al sindicato oficial, que es un sindicato cobracuotas.”
Según Zamora, la creación del sindicato que encabeza provocará una revolución en el estado, porque el proyecto no es sólo sindical sino académico.
“Nuestra intención es trabajar, desde el ámbito sindical, un nuevo modelo educativo, desde al menos cuatro ejes: La rendición de cuentas, para que la gente sepa en qué se invierten recursos; transparencia en la gestión, porque el sindicalismo actual sólo impulsa a incondicionales; toma de decisiones democráticas y un nuevo perfil del maestro, para que vuelva a ser el referente social de antaño.”
Para lograr esto, añade, hay que erradicar prácticas como la suspensión injustificada de clases originadas por el sindicato y la propia estructura educativa. “Lo más reciente fue la inauguración de un torneo de futbol de Peña Nieto en Ciudad Nezahualcóyotl, a donde se llevaron a casi 10 mil maestros y dejaron a 40 mil alumnos sin clases.”
El manejo del dinero de los trabajadores es también muy opaco, no sólo por las cuotas anuales, sino por los fondos. “Nadie sabe cuánto hay y es la caja chica de muchas cosas.”
–¿Es como el sindicato que encabeza Elba Esther Gordillo?
–Sí, es una réplica.
Acusado de estar patrocinado por enemigos de Peña Nieto, Zamora Calzada niega que, como se le ha imputado, sea testaferro del exdirigente priista Isidro Pastor o Emilio Chuayffet, y afirma que su principal apoyo es el abogado Alejandro Velázquez Méndez, quien logró la jurisprudencia de la libertad sindical, en mayo de 1999, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“No hay personajes políticos, no hay quien nos apoye políticamente, no hay ni un partido. Hemos tenido acercamiento con los presidentes de las comisiones de Educación, del Trabajo y de Justicia del Congreso, que son encabezadas por panistas, pero nosotros no tenemos la culpa. Hablamos con todos los partidos, menos con el PRI, que no quieren.”
Álvaro Delgado / Proceso
En su afán por impedir la creación de un sindicato de maestros distinto al oficial, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, cometió diversos delitos federales, según sostiene una denuncia que forma parte de la averiguación previa 147/UEIDAPLE/7/2008, radicada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, a cargo de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez.
Peña Nieto, quien ha invertido sumas multimillonarias para fabricarse una imagen de gobernante escrupuloso, está acusado de incurrir en falsedad en declaraciones judiciales, ejercicio indebido del servicio público y coalición de servidores públicos, entre otros delitos federales, por lo que se exige acción penal en su contra, previo juicio de desafuero.
De acuerdo con la citada averiguación previa, el “indiciado” Peña Nieto y otros 29 funcionarios de su gobierno violaron la ley en su objetivo de evitar la creación del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM).
Opuesta al oficialista Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), que por décadas ha sido sostén económico y electoral del PRI en la entidad, aquella organización pondría en peligro el control que ésta ejerce actualmente sobre el gremio.
Peña Nieto, aspirante a candidato presidencial y quien este viernes 5 rindió su tercer informe de gobierno, ha advertido que bajo ninguna circunstancia permitiría la división del magisterio oficial, y así se lo hizo saber, desde el año pasado, a los promotores del SUMAEM, quienes presentaron la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.
“El primer opositor a nuestro movimiento sindical abiertamente lo ha sido, desde el principio, Enrique Peña Nieto, quien de manera pública, abierta y violando nuestras garantías manifestó que personalmente no permitiría el divisionismo del sindicalismo oficial”, dice el escrito de denuncia, presentado el 20 de junio ante la PGR, y añade:
“Y dado que no aceptamos ni aceptaremos nunca alinearnos, que no permitimos que un gobernador decida por nosotros en materia sindical, implementó un operativo conjunto con funcionarios de su gobierno y del sindicato oficial para que, de un solo golpe y sin garantía de audiencia, corrieran de su fuente laboral a todos los integrantes del nuevo sindicato.”
Luis Zamora Calzada, secretario general del SUMAEM y autor de la denuncia, afirma que desde que un grupo de maestros decidió renunciar al sindicato oficial y ejercer su derecho constitucional a asociarse, a finales del 2006, el gobierno de Peña Nieto inició una tenaz persecución contra ellos al reubicarlos en otros centros de trabajo, suspenderles pagos, despedirlos y aun amenazarlos de muerte y con encarcelarlos.
De hecho, desde abril del año pasado, después de que las autoridades laborales de la entidad le negaron la toma de nota al nuevo sindicato, lo que dio origen a un complejo litigio que se desahoga en diversas instancias, incluyendo las de derechos humanos, las “amenazas cumplidas” han sido permanentes.
En la misma fecha, los 59 maestros afiliados al sindicato fueron ilegal y arbitrariamente cambiados de adscripción, con el afán de hacerlos desistir: Quienes tenían su escuela en Ecatepec o Cuautitlán, por ejemplo, fueron enviados a Tlatlaya o Tejupilco, y los de Toluca o Atlacomulco hasta Chalco, el otro extremo del estado.
“La única forma de regresar es que se que se desistan de esta pendejada”, les advirtió a los sindicalistas José Manzur, subsecretario de Gobierno, y les anticipó: “Aquí no va a haber ningún sindicato. Mientras esté Peña Nieto, jamás les van a dar la toma de nota.”
La represión como norma
Esa ha sido la conducta sistemática del gobierno estatal, afirma Zamora Calzada, quien explica que en esa ocasión decidieron ceder, aunque sólo para relanzar su movimiento, al que el gobierno le teme porque perdería el control de un gremio que en la entidad se compone de más de 60 mil profesores.
“El sindicato oficial fue creado por exgobernadores para su servicio y el nuestro será para los trabajadores. Este es un cambio ideológico muy fuerte: Se lograría la libertad e independencia no sólo del sindicalismo partidista del magisterio del Estado de México, que implicará pérdida de votos para el PRI, sino la independencia académica.”
El gobierno de Peña Nieto teme perder, además, los recursos del magisterio: “Aunque maneja 35 millones de pesos anuales por cuotas sindicales, ahí no está el asunto económico, sino en los fondos de obras, pensiones y de retiro. Son cantidades fuertes de dinero que no son auditadas. Y es la caja chica de muchas cosas, como los procesos electorales al servicio del PRI.”
Por eso, dice, el gobierno está dispuesto a reprimir cualquier intento legítimo de crear un sindicalismo que no le sea incondicional. En octubre del año pasado se recrudeció el embate: Aunque Manzur fue destituido, su sucesor, Luis Miranda Nava, no fue menos implacable, sobre todo porque es compadre de Peña Nieto.
“Quiso cooptarme, ofreciéndome un arreglo nada más entre él y yo, pero se enfureció cuando le dije que era sólo el representante del sindicato y que lo único que queríamos es que se actuara conforme a derecho.”
La respuesta llegó unos días después: El entre el 8 y 18 de octubre se multiplicaron acciones de hostigamiento contra 29 maestros y sus contratos fueron rescindidos, supuestamente porque se habían ausentado de manera injustificada de su trabajo cinco días en un mes y porque le faltaron al respeto a sus superiores. Desde entonces ese grupo de profesores no cobra.
Y el más reciente acto en ese sentido se produjo una semana después de que –sin anunciarla públicamente– se presentó la denuncia ante la PGR contra Peña Nieto.
“Me llamó el subsecretario de Educación Básica y Normal, Ernesto Monroy, para reclamarme que hubiera demandado al gobernador. Me exigió que me desistiera de la demanda y de la toma de nota del sindicato, porque de lo contrario la secretaria de Educación, Guadalupe Monter, y él me iban a echar del magisterio para siempre.”
Y ante la negativa, la amenaza se cumplió: El 1 de julio le fue notificado al dirigente sindical, por escrito, el “aviso de rescisión de la relación laboral”, mediante el cual “deja de surtir efecto el nombramiento de investigador educativo, adscrito al Instituto Superior de Ciencias de la Educación”.
Zamora Calzada escribió en la notificación: “Se firma bajo protesta y no se acepta por ser una represión sindical y atentado contra el artículo 123 constitucional”, que consagra que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”.
Para el dirigente, es ridículo que haya sido cesado como investigador por supuestamente atribuir públicamente hechos falsos a autoridades educativas. “¡Es realmente risible y la estaré combatiendo en demanda laboral!”.
Las acusaciones contra Peña Nieto
En realidad, explica el dirigente, lo que ha hecho montar en cólera a Peña Nieto y a los secretarios de su gabinete fue la demanda penal ante la PGR, en la que se acredita la violación a la ley de amparo y al Código Penal, algo que puede echarle a perder su pretensión de ser candidato presidencial en el 2012.
Según Zamora Calzada, las pruebas incriminan a Peña Nieto: El gobernador rindió un informe justificado ante el Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo, en el que niega que se hayan rescindido los contratos y suspendido los salarios a los promotores del sindicato, cuyas plazas, afirma, no se han reasignado a terceras personas.
Sin embargo, de acuerdo con lo que consta en el expediente del amparo indirecto 1066/2007-II, esas acciones sí se llevaron a cabo, por lo que Peña Nieto y los secretarios de Gobierno, Humberto Benítez Treviño; de Educación, Guadalupe Monter; de Finanzas, Luis Videgaray; de la Contraloría; Marco Antonio Abaid, así como funcionarios de menor jerarquía, violaron lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Amparo.
Esta disposición establece que “las autoridades responsables que en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión rindan informes en los que afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionados en los términos del Código Penal en materia federal”.
Y el artículo 147 del Código Penal dispone que se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días multa al que, como indica la fracción V, “en juicio de amparo rinda informes como autoridad responsable, en los que afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte”.
Pero además, dice la denuncia, “aunado a los delitos anteriores, solicitamos (que los indiciados) rindan declaración también por el delito de falsificación, utilización y uso de documentos y sellos oficiales”.
Y añade: “Derivado también de lo anterior se desprende la coalición de servidores públicos del gobierno del Estado de México, al tomar medidas en nuestra contra con la finalidad de hacernos desistir de nuestro movimiento sindical, tales como inventarnos supuestas faltas laborales inexistentes (sic) reprocharnos abandono de nuestra fuente laboral, agresiones a nuestros superiores, así como supuestas conductas en contra de nuestros superiores, lo cual es falso”.
En el escrito se describen, además, numerosas acciones de represión y arbitrariedad contra quienes han decidido formar parte del SUMAEM, como la intimidación física, moral y sicológica, el espionaje, el acoso y aun cárcel, como le ocurrió a Manuel García García, a quien indebidamente le atribuyeron un delito cometido por un homónimo.
De hecho, la denuncia no se presentó en la delegación de la PGR en el Estado de México, “por el temor de que se dejara de investigar o incluso de la no aplicación pronta y expedita de la ley”, sino en la Ciudad de México.
Poco después de que la denuncia se presentó, Zamora se decía confiado en las autoridades: “Me dijeron que no importaba que fuera Peña Nieto, que iban a cumplir con lo que la ley establece.”
Sin embargo, el martes 2 de septiembre se le informó al gobernador de una anomalía en la PGR: Se “extraviaron” documentos del expediente que prueban las violaciones a la ley cometidas presuntamente por el propio Peña Nieto y algunos de sus funcionarios, tal como consta en un sello de recibido con fecha 3 de julio.
“Algo raro está pasando”, dice Zamora. “Esperemos que no sea una maniobra de encubrimiento”.
De lo que no tiene duda es de que “habrá más represión: Si ya demostraron que no respetan la ley y no les importa el estado de derecho, ojalá no lleguen a los secuestros ni a un muerto”.
Contra él, dice, hay al menos diez denuncias penales, entre ellas una por acoso sexual en Chalco y por falsificación de firmas. “Me da risa, porque no es cierto, pero son expedientes en reserva que en cualquier momento los pueden activar.”
Añade: “Peña Nieto está muy molesto, pero él viola le ley. Al permitir que sus funcionarios violen la ley, él la está violando.”
Ni Pastor ni Chuayffet
Aprovisionado con gruesos expedientes de miles de fojas, el dirigente sindical confía en que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje reconocerá al SUMAEM, porque le asiste la razón y porque los maestros del Estado de México están cansados del sindicalismo oficial.
“Han sembrado pánico y terror en la gente. Pero hay muchos maestros que quieren cambiar la situación educativa y con todos los temores se han afiliado. La gente está cansada. No le ve utilidad al sindicato oficial, que es un sindicato cobracuotas.”
Según Zamora, la creación del sindicato que encabeza provocará una revolución en el estado, porque el proyecto no es sólo sindical sino académico.
“Nuestra intención es trabajar, desde el ámbito sindical, un nuevo modelo educativo, desde al menos cuatro ejes: La rendición de cuentas, para que la gente sepa en qué se invierten recursos; transparencia en la gestión, porque el sindicalismo actual sólo impulsa a incondicionales; toma de decisiones democráticas y un nuevo perfil del maestro, para que vuelva a ser el referente social de antaño.”
Para lograr esto, añade, hay que erradicar prácticas como la suspensión injustificada de clases originadas por el sindicato y la propia estructura educativa. “Lo más reciente fue la inauguración de un torneo de futbol de Peña Nieto en Ciudad Nezahualcóyotl, a donde se llevaron a casi 10 mil maestros y dejaron a 40 mil alumnos sin clases.”
El manejo del dinero de los trabajadores es también muy opaco, no sólo por las cuotas anuales, sino por los fondos. “Nadie sabe cuánto hay y es la caja chica de muchas cosas.”
–¿Es como el sindicato que encabeza Elba Esther Gordillo?
–Sí, es una réplica.
Acusado de estar patrocinado por enemigos de Peña Nieto, Zamora Calzada niega que, como se le ha imputado, sea testaferro del exdirigente priista Isidro Pastor o Emilio Chuayffet, y afirma que su principal apoyo es el abogado Alejandro Velázquez Méndez, quien logró la jurisprudencia de la libertad sindical, en mayo de 1999, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“No hay personajes políticos, no hay quien nos apoye políticamente, no hay ni un partido. Hemos tenido acercamiento con los presidentes de las comisiones de Educación, del Trabajo y de Justicia del Congreso, que son encabezadas por panistas, pero nosotros no tenemos la culpa. Hablamos con todos los partidos, menos con el PRI, que no quieren.”
